Para el Gobierno las revelaciones que venían haciendo los detenidos en el PC-7 de Palmasola, cuando hablaron del gabinete jurídico en el Palacio Quemado y de que muchos de los casos judiciales sucedidos en el país fueron manipulados con fines políticos por autoridades gubernamentales, son un plan coordinado desde Brasil y desde Estados Unidos.

Esta afirmación fue realizada por el viceministro Jorge Pérez en La Paz. El funcionario gubernamental dijo que presuntamente Branko Marinkovic, Róger Pinto, Marcelo Soza, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Manfred Reyes Villa están paganado sumas de dinero a algunos diputados y senadores opositores para que desprestigien a las autoridades de la gestión de Evo Morales.

De acuerdo con Pérez, parte de la estrategia consiste en hacer huir a los procesados en el caso denunciado por Jacob Ostreicher. El supuesto plan consiste en lograr que vocales y jueces posibiliten la libertad provisional de los acusados para que luego ellos puedan salir en un avión hasta Brasil, desde donde se dedicarán a atacar al Gobierno.

Las reacciones

El diputado Fabián Yaksic y su colega Rebeca Delgado pidieron la destitución del viceministro Pérez por no garantizar la seguridad ni los derechos humanos de los internos.

Frente a este hecho el gobernador cruceño, Rubén Costas, dijo que el Gobierno maneja golpeando y amedrentando la justicia en el país. Pidió proteger los derechos humanos de estas personas y apuntó que la gestión estatal los ve como peligrosos “porque están diciendo todo lo que saben”.

La senador Carmen Eva Gonzales, que no pudo ingresar ayer por la tarde al penal de Palmasola y que fue empujada por policías en la puerta de la cárcel, anunció que denunciará al ministro de Gobierno, Carlos Romero, por la represión que sufrió. La autoridad señaló no estar preocupada por esto y descalificó a la legisladora

La defensoría del pueblo no pudo ingresar al penal en dos oportunidades

Primer intento fallido

El representante departamental de la Defensoría del Pueblo, Hernán Cabrera, intentó ingresar al PC-7 de Palmasola ayer por la tarde, cerca de las 14:00, pero, según indicó, las autoridades policiales se lo negaron al indicar que recibían órdenes superiores de que nadie podía visitar a los reos de esta área de máxima seguridad.

Atribuciones del defensor

A través de un comunicado de prensa, la Defensoría del Pueblo hizo conocer que su pedido de ingreso al penal fue hecho en base al artículo 222 de la Constitución Política del Estado, en el que se indica en el inciso 6 que es atribución de esta instancia acceder líbremente a los centros de detención e internación sin que haya objeción alguna.

Segundo intento fallido

Poco después de las 20:00 Cabrera volvió a Palmasola para intentar ingresar y hablar con la gente del PC-7. El representante de la Defensoría dijo que luego de esperar una hora, otra vez le indicaron que por órdenes superiores no podía entrar.

Se analiza posible traslado de reos

El viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, indicó que ante las declaraciones de los sindicados en el caso denunciado por Jacob Ostreicher, en las que aseguran que sus vidas corren peligro, la Dirección de Régimen Interior debería analizar la posibilidad de un traslado de estas personas a otro centro penitenciario.

“Régimen Interior debe readecuar a estas personas para que se sientan más tranquilas. Ellos son los que están indicando que su vida corre peligro, la solicitud no la estoy haciendo yo”, precisó la autoridad y agregó que de ser considerada necesaria la posibilidad de un cambio de penitenciaría, antes se deben verificar los espacios que haya en algún penal del país.

Los familiares de los detenidos tienen temor de esto, ya que también escucharon por algunos rumores de los policías que estaban ayer en Palmasola que su traslado a otro centro penitenciario sería cuestión de horas.

Fuente: El Deber (Bolivia)