¿Por qué la explotación del subsuelo se ha vuelto tan vilipendiada en Guatemala?  ¿Podríamos cosechar mejores resultados cambiando las reglas del juego?

La sociedad cosecharía muchos beneficios si el subsuelo perteneciera a quien posee la superficie, es decir, al superficiario.  Así opina el economista y empresario Guillermo Yeatts, autor argentino de más de una docena de libros.   Yeatts estuvo en Guatemala la semana pasada para recibir el doctorado honoris causa de parte de la Universidad Francisco Marroquín.

En América Latina, el subsuelo ha sido propiedad del Estado desde época colonial.   Narra Yeatts que la Corona Española se adueñó, desde el siglo XII, de toda la riqueza mineral en su territorio, y amplió este reclamo cuando descubrió minerales preciosos en el nuevo continente.  Tras la independencia, los gobiernos perpetuaron dicho esquema.   En cambio, en Estados Unidos, los dueños de la superficie poseen también el subsuelo, y ello explica la riqueza generada por la explotación privada de diversos minerales, gas y petróleo.

El contraste se aprecia en una sucinta caricatura, explicó Yeatts.  Ésta retrata a un norteamericano y un sudamericano que perforan pozos en sus respectivas parcelas.   De ambos pozos emana petróleo, pero el sudamericano ve con tristeza cómo fluye el líquido negro, mientras el norteamericano celebra su buena suerte.

El primer beneficio de socializar la propiedad del subsuelo es que revelará el verdadero valor de los bienes subterráneos escasos.    El subsuelo es valioso.  Daremos un uso más eficiente a los bienes de la superficie y del subsuelo.

En segundo lugar, las decisiones respecto del uso de los recursos se tomarían con base en criterios económicos, reemplazando una asignación política que suele ser arbitraria y corrupta.   La asignación política invita a la búsqueda de rentas y a la concesión de monopolios, subsidios y otras protecciones que a la larga empobrecen al grueso de la población.

Una tercer ventaja es que desvanecerá la conflictividad que genera la indefinición de derechos.   Socializar el subsuelo equivale a clarificar quién tiene derecho a qué, con lo cual las partes que entren en conflicto pueden negociar entre sí de una forma constructiva.

Un cuarto logro consiste en permitir a las comunidades cosechar los beneficios derivados de la generación de riqueza en su localidad.   Usualmente, las tierras con riqueza mineral, petrolera y de gas no se prestan para usos agrícolas y ganaderos.  Muchos habitantes en estas regiones viven en condiciones paupérrimas, cuando sus pueblos podrían ser polos de desarrollo prósperos.

En quinto lugar, se imputarían los costos de los daños provocados a terceros directamente a los actores responsables.  Ellos también cargarían personalmente con las pérdidas en caso fracase su proyecto de inversión.  Hoy día, los gobiernos en América Latina trasladan a los tributarios costos altos, frecuentemente ocultos, por exploraciones millonarias infructuosas.

Finalmente, la socialización del subsuelo mejora el cuidado del medio ambiente y del patrimonio arqueológico,  pues los dueños buscan la sostenibilidad tanto de la superficie como del subsuelo en el futuro.  Se comportan en forma contraria a un ente estatal o un concesionario que no tiene lazos permanentes con el recurso, y cuyo permiso para explotar es temporal.

En Guatemala,  una reorganización institucional de este tipo requeriría modificar el artículo 121 de la Constitución Política de la República, lo cual no es fácil.   Y quienes están acostumbrados a trabajar bajo el conjunto de reglas actuales no necesariamente lucharán por cambiar la normativa, pues ello siempre implica recalcular  los costos y beneficios de sus operaciones.  Sin embargo, esta solución aliviaría numerosos problemas que actualmente aquejan a nuestra sociedad.

Fuente: Centro de Estudios Económico – Sociales (Guatemala)