El viernes pasado el presidente José Mujica anunció que enviaría al parlamento una nueva ley que apunta a “democratizar y pluralizar” los medios de comunicación.

Esta ley que se llama “antimonopólica” mantiene entre otras cosas el monopolio de la empresa estatal ANTEL en el mercado de las telecomunicaciones.

El gobierno tendrá la potestad de otorgar, renovar y revocar concesiones y licencias, autorizar o no las eventuales transferencias y fijar los precios de los servicios de comunicación audiovisual por la utilización o aprovechamiento de frecuencias radioeléctricas.

“Se trata de volver a poner claro y firme que las frecuencias radioeléctricas son propiedad del Estado y que por ende es quien tiene las funciones de regulación sobre ellas”. Dicen fuentes del gobierno, quienes tienen la “habilidad“, de confundir precisamente Estado con Gobierno.

El presidente Mujica, para quien “lo político pesa más que lo institucional”, dijo en su audición de hoy que el proyecto “trata de asegurar la diversidad y el pluralismo en el sistema” con medidas que “habiliten el acceso equitativo a medios audiovisuales”.

Días antes Mujica se había definido a sí mismo como un “libertario” que había pasado su vida defendiendo la Libertad. Recordemos que Mujica pasó la década de los 60 con fusil en mano queriendo imponer la revolución cubana en Uruguay.

El proyecto tiene como una de sus ideas centrales la regulación de la publicidad “como forma de cuidar al público”, además de “exigir que los canales otorguen publicidad electoral gratuita”. Recordemos que los grandes sponsors de publicidad en los medios de Uruguay son las empresas estatales.

Este proyecto dispone la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual, órgano descentralizado del Poder Ejecutivo, con miembros académicos y de confianza del presidente, que será responsable de la aplicación, fiscalización y cumplimiento de la futura norma, además de promover la “alfabetización mediática” de la población y desarrollar un observatorio audiovisual.

El gobierno posee mayoría en el Parlamento por lo cual la aprobación de este proyecto no parece muy lejana. Creo fervientemente que esto es una forma de coartar la libertad de todos los ciudadanos. Sin libertad de prensa no hay libertad de expresión y sin libertad de expresión no hay Democracia.

¿Quién cuida a los funcionarios que “cuidan” lo que podemos leer, ver o escuchar?

Un detalle no menor es que el  texto de este proyecto está inspirado en los 187 artículos en la ley aprobada en Argentina en 2009…

Fuente: HACER