El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, realizó en lo que va del año varios cambios en su gabinete sin el aval del Congreso, frente a una oposición cada vez más pasiva que admite haber sido “permeada” por el gobierno, indicaron este jueves fuentes políticas.

Al menos 10 funcionarios de gobierno han sido nombrados por Ortega en altos cargos y embajadas por decreto, sin cumplir la norma constitucional que exige el Ejecutivo pedir la ratificación del Congreso, donde la oposición alega que no puede hacer nada para impedirlo porque es mayoritaria sólo en “teoría”.

“Tenemos la mayoría (de los 91 escaños del parlamento) en teoría, porque en la práctica hemos sido permeados por el Frente Sandinista (FSLN, izquierda)”, confesó a la AFP el diputado del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) José Pallais.

Los opositores cuentan con 51 de los 91 legisladores divididos en cinco bloques, frente al gobierno, que controla plenamente a 40 diputados, dos más que los 38 que tenía cuando Ortega asumió el poder en enero de 2007.

“Ya no tenemos la mayoría que el pueblo nos dio” en las elecciones de 2006, debido a que “hay diputados de oposición que han traicionado su voto y se han plegado al FSLN por intereses económicos”, aseveró el congresista del PLC, principal partido de oposición.

“La compra de conciencias” en el Parlamento como le llama Pallais fue revelada por primera vez en abril de 2009, cuando el PLC -a través de su vocero y diputados acusó a los sandinistas de sobornar con dinero y viajes al exterior a sus legisladores para que votaran a favor de sus iniciativas.

Ofrecen dinero en “efectivo para resolver deudas, tarjetas de crédito” y “favores sexuales”, denunció el vocero de la agrupación Leonel Teller en esa época, lo que fue rechazado por los sandinistas.

Lo cierto es que el debilitamiento de la derecha, ha permitido a Ortega nombrar, destituir y trasladar ministros, viceministros, directores y embajadores cuando quiere sin consultar al Legislativo, así como reformar, mediante decretos, leyes que son atribución del Congreso.

Dispuso, incluso, mantener por decreto en sus cargos a los 10 magistrados del Poder Electoral que avalan sus planes de reelección en 2011, junto a otros altos cargos estatales que son ocupados por funcionarios afines que pronto concluyen su mandato, al tiempo que aumentó la presencia de ex militares en su gabinete.

“Es increíble que el propio presidente esté dando este mal ejemplo de violar la Constitución”, afirmó el jurista y ex embajador nicaragüense ante la OEA, Carlos Tünnermann, quien consideró que el Congreso “debería ser más beligerante” porque el mandatario “le está cercenando facultades”.

Reconoció, sin embargo, que por más que el Parlamento exprese “su disconformidad, Ortega no hace caso”.

Una reforma constitucional en vigencia desde enero de 2008 concede al Parlamento la potestad de autorizar los cambios en la dirección del gobierno y pedir cuentas al presidente cuando él o sus funcionarios cometan irregularidades.

“Esa reforma fue promovida por el propio Ortega” cuando su partido estaba en la oposición “con el propósito de limitar” la gestión del ex presidente Enrique Bolaños (2002-06), y ahora que Ortega está en el poder “no la cumple”, cuestionó Tünnermann.

Fuente: Noticias24.com