Está claro que el Gobierno seguirá aplicando una política económica populista, a pesar de que ya no deberá terciar en elecciones por un buen rato.

Digo esto porque el paquete tributario del miércoles pasado demostró que el Régimen sigue subordinando la economía a la política, pues insiste en buscar objetivos políticos a través de medidas económicas. En eso consiste el populismo económico, precisamente.

¿Cuáles son esas medidas y cuáles sus objetivos políticos? Las medidas del populismo económico son básicamente tres: gastar por encima de los ingresos públicos (incurrir en déficits  fiscales), subir los salarios nominales y controlar los precios. Este primer set de medidas se completa después con restricciones a las importaciones y a la salida de capitales; con más impuestos y endeudamiento.

El aumento de salarios y el control de precios suben temporalmente la capacidad adquisitiva de la clase media y baja de la sociedad. Esa mayor capacidad de compra y el elevado gasto público generan un ‘boom’ de consumo. Es un auge económico tan importante que hasta las empresas medianas y pequeñas se benefician de él.

Con una receta muy simple -inflar la demanda- el populismo económico gana elecciones en seguidilla, comprando el apoyo de los sectores medios y pobres; y de los pequeños y medianos empresarios. El problema es que este modelo tiene un talón de Aquiles: el colapso del sector externo.

Las importaciones se disparan porque un aumento tan abrupto de la demanda solo puede ser cubierto con bienes del exterior. En consecuencia, las reservas empiezan a caer y el sistema monetario del país se ve amenazado. Esto sucede en una economía dolarizada o con moneda propia.

El Régimen pudiera detener la caída de las reservas bajando el gasto público, pero se rehúsa a hacer aquello por el costo político que tendría. Decide, por tanto, poner límites a las importaciones y a la salida de capitales. También comienza a endeudarse.

Restringir las compras externas promueve el contrabando y genera escasez. Los impuestos a la salida de capitales no detienen la fuga de dinero porque la gente siempre preferirá tener algo en el exterior que absolutamente nada en su país de origen. Solo se conseguirá encarecer las transacciones internacionales.

Como consecuencia de lo anterior, las inversiones privadas se detienen y, con ellas, la actividad económica. Por tanto, el ingreso esperado por impuestos se reduce. Para contrarrestar aquello, la autoridad se ve forzada a subir la carga impositiva a quienes ya pagan tributos. Esto causa polarización social y política, porque los afectados están en desacuerdo sobre la manera como se distribuye la carga fiscal.

Crispación, inestabilidad e incertidumbre son el resultado final de esta política.

Fuente: El Comercio