Entre la compra directa de medios de comunicación y el hábil uso de la “torta” publicitaria para controlar otros medios, que hace el Gobierno, el país ha caído en uno de los momentos más asfixiantes de control de la información.

Se está dando un grado de unanimidad agobiante en los medios de comunicación, como se puede comprobar con informaciones que son ignoradas de tal manera que se podría decir que nunca existieron los hechos que las originaron, lo que es el objetivo de toda censura.

Media docena de informaciones que la agencia Erbol difundió entre el miércoles 3 y el jueves 4 de febrero, no fueron recogidas por los medios audiovisuales. Todas ellas se refieren a expresiones de decepción de pueblos originarios con el comportamiento del Gobierno y del Presidente. Titulares como “Evo se cree rey” (Celso Padilla, Asamblea del Pueblo Guaraní), “Indígenas se molestan con Evo y se proponen desenmascararlo” (María Saravia, dirigente de la CIDOB), “Morales prohíbe la bancada indígena” (Celso Padilla), “Guaraníes denuncian que Evo prohíbe realizar marcha indígena”, además de una denuncia acerca de cómo la destitución de Alejandro Almaraz del cargo de viceministro de Tierras es una traición del Gobierno a los pueblos originarios, fueron ignorados por los medios.

En el fondo de todo, una profunda discrepancia entre originarios y colonizadores-cocaleros, con graves alcances políticos, que los medios quieren negar.

Del mismo modo, se ignora la protesta del pueblo pacajes que envió al mallku Rafael Quispe, de la comisión de industrias extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), a una reunión de indígenas sudamericanos en Lima, para denunciar que en la región de la mina de Corocoro se ha violado el derecho de los agricultores a proteger sus tierras de cultivo. O el silencio que cubre ahora a las denuncias de los lecos y los mosetenes por la violación de las licencias ambientales para favorecer a la venezolana PDVSA. O la iniciativa del diputado de las circunscripciones especiales de Tarija, Federico Salazar, para que en la Asamblea Legislativa Plurinacional los delegados indígenas rechacen el proyecto de ley por el que el Vicepresidente se propone reducir al mínimo la facultad de los originarios de defender el medio ambiente de la acción de las empresas extractivas.

Esta unanimidad del silencio deja a quienes aluden a estos temas, como Pablo Cingolani o los reportes de la agencia Erbol, y a este columnista, en condición de predicadores solitarios.

Lo que se está buscando es inventar una realidad que ignora lo que ocurre. Es la censura concertada. O consensuada.

Es, como lo dicen los griegos, la logo crisía, como se llama a la censura en ese idioma, y que significa la “palabra maniatada”, o la “palabra” subyugada, porque hace alusión al yugo.

En este panorama, resulta una ironía o un ejercicio por desviar la atención los anuncios que hace el Gobierno de una ley que impida a los periodistas difundir mentiras.

Y, sobre todo, resulta una vergüenza observar cómo seis federaciones de trabajadores de la prensa aplauden las iniciativas del Gobierno de anular la ley de imprenta para reemplazarla por una que está redactada en todos sus detalles. Un esfuerzo que, a estas alturas, parece innecesario.

Fuente: La Prensa