Se pone en marcha la política de seguridad ciudadana, que lleva décadas de moratoria.

Al momento de redactar esta nota, el presidente Álvaro Uribe y su ministro del interior habían anunciando la declaratoria del Estado de Conmoción Interior. Esta declaratoria ocurre en un marco compuesto por tres importantes elementos: la reciente ofensiva terrorista, la política de seguridad del nuevo gobierno, y el reciente debate sobre los estados de excepción.

Los hechos ocurridos el pasado 7 de agosto pusieron en evidencia la cada vez mayor degradación moral del terrorismo, representada en un total desinterés por la vida y el bienestar de la población civil. Según la revista Semana (Número 1058), de haberse completado el plan terrorista que las Farc habían dispuesto, el centro histórico de Bogotá habría sido reducido a ruinas, y el número de víctimas fatales habría superado los 1.500. Es claro que la posibilidad de llegar a acuerdos con un grupo que actúa de tal manera es muy remota. Igualmente, la determinación de los grupos terroristas hace necesario que el Estado y la sociedad colombiana se preparen para enfrentarlos. La conmoción interior es, en este contexto, justa y necesaria.

Lo más interesante de esta declaratoria, y lo que en verdad la diferencia de las que se habían producido anteriormente, es que en este caso la declaratoria se ha producido en le marco de una política encaminada a la recuperación de la seguridad ciudadana y de la autoridad estatal. Fue esta la principal bandera de campaña de Álvaro Uribe, y fue también la principal razón por la cual obtuvo la gigantesca votación que lo llevó a la presidencia. Y esa política tendrá que incluir algunas medidas realmente excepcionales, ya que Uribe tendrá que subsanar la moratoria de varios gobiernos que, durante muchos años, fueron indiferentes, negligentes o poco serios frente al crecimiento del fenómeno del terrorismo. Uribe instaló recientemente en el Cesar las primera redes de colaboradores de las Fuerzas Armadas. Ahora, tras haber declarado la conmoción interior, la actitud firme del nuevo gobierno es evidente y manifiesta.

En el reciente debate sobre la utilidad de la Conmoción Interior, algunos llegaron afirmar que esta "no sirve para nada" Y si bien varios de los hoy funcionarios del gobierno de Uribe estuvieron entre los críticos de la figura, el gobierno ha dado una notable muestra de pragmatismo al recurrir a ella. Bienvenido el debate, pero se necesitan medidas urgentes.

Y no es cierto que la Conmoción Interior no sirva para nada. La primera medida adoptada por el gobierno a su amparo, a saber, un impuesto del 1,2% sobre los patrimonios líquidos superiores a 150 millones de pesos, es una medida ciertamente importante de efectos nada despreciables.

A diferencia de lo que algunos han querido insinuar, la recuperación de la seguridad ciudadana no es un propósito autoritario. Es simplemente el cumplimiento de la más vital y fundamental responsabilidad de cualquier gobierno, a saber, la de proteger a sus ciudadanos. Y la razón por la cual esto debe hacerse a través de medidas excepcionales es que, como decíamos, muchos gobiernos anteriores fueron negligentes con esta responsabilidad.

Fuente: www.fundaciondl.org