Hubo una semana en la que la sociedad uruguaya sintió que el derrumbe estaba próximo. En el pico de desconfianza sobre el sistema financiero, con la economía casi paralizada, sin crédito de los inversores para el Estado y con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin disposición a reforzar la ayuda, el país se caía. Cese de pagos de deuda y de compromisos internos, imposibilidad en muchos bancos de honrar depósitos, caos, todo eso estaba a un paso. La última semana de julio, con feriado bancario de cuatro días, cuando la baja de cotizaciones de bonos estatales llevó el "riesgo país" a los 3.000 puntos y la caída de los depósitos bancarios en el año llegó a casi 45%, trajo incluso escenas que parecían ajenas: saqueos a supermercados en varias zonas de Montevideo. Entonces, mientras el gobierno negociaba en Washington, la mayoría del Parlamento (colorados y blancos) votó en tiempo récord una ley para extender los plazos en los depósitos de la banca pública y habilitar la liquidación ordenada de bancos que no se sostenían. Eso permitió que los organismos internacionales dieran a Uruguay un aumento de la ayuda crediticia en U$S 1.500 millones.

La reapertura de los bancos disipó dudas. Los ahorristas no hicieron como en Argentina, no protestaron con violencia frente a los bancos, sino que hicieron fila, con orden, para aceptar reprogramaciones o movilizar cuentas en problemas. Tampoco hubo caos en los bancos suspendidos. En lugar de tirar piedras, provocar incendios en los bancos que no devolvían los depósitos, como sí ocurrió en Buenos Aires (y ocurre desde enero), los ahorristas se juntaron en asambleas, esperaron que se les diera la palabra para manifestar su problema y votaron para ayudar al banco del que eran clientes para facilitar su reapertura. Firmaron por voluntad propia que aceptaban una reprogramación de sus plazos e incluso -en algunos casos- que destinaban hasta 30% de sus ahorros para volcar a una capitalización de la institución. Todo en forma pacífica, todo en medio de una de la crisis bancaria más grande de la historia uruguaya. Los intentos de saqueos murieron en aquellos días.

En el mercado de valores, los precios de los bonos comenzaron a subir, por lo que el riesgo país descendió de los 3.000 puntos a los actuales 1.700 puntos. En la banca estatal -que no pudo cumplir en tiempo y forma con sus depósitos y tuvo que reprogramar- las colocaciones de los ahorristas comenzaron a aumentar, lo que se dio también en otros bancos privados.

La relativa paz que se vive después de aquella semana fatal, parece haber generado confusión en algunas personas. En el sistema político, la sensación de urgencia que se vivió en aquel fin de semana ha dado paso -otra vez- a la preocupación por el horizonte electoral. Como si los problemas centrales -esos que determinaron que Uruguay quedara al borde del abismo- hubieran desaparecido. Como si la crisis hubiera terminado. Con la solución -temporal- que el gobierno encontró sobre el inicio de agosto, el programa económico fue modificado y en la nueva Carta Intención con el FMI se indicó que se está "proyectando una caída del PBI real de un 11% en 2002 y un 4,5% adicional en 2003". La economía está cayendo desde fines de 1998, o sea que la recesión va a durar cinco años según las proyecciones. ¡Cinco años! En las series de PBI que hay desde la época posterior a la Guerra Grande (a partir de 1860) no hay antecedentes de una recesión tan larga.

Si pasada la recesión, la economia volviera a crecer a un ritmo de 3% anual, recién en el año 2015 se llegaría al PBI per cápita que había en 1998. Además, el aumento de la desocupación y el deterioro de la calidad de muchos puestos de trabajo, derivan en un empobrecimiento preocupante. El poder adquisitivo de las familias se ha reducido en sintonía con esas variables y el aumento de la inflación -sea por devaluación o por emisión de dinero para seguir pagando los salarios públicos pese a la falta de reservas y crédito- castiga a los más pobres.

Esta primavera de confianza no alcanza para que la economía tenga nuevamente crédito para funcionar. Estamos en problemas. El déficit fiscal sigue muy alto (por lo menos 4% del PBI), la deuda trepa a niveles insoportables (más de 90% del producto), la recesión se prolonga. No significa que se pierda de vista la actitud que la sociedad tiene frente a la crisis; pero de ahí a pensar que el país zafó de la emergencia hay un largo trecho. La sociedad está sumergida en un clima de desánimo; no lo traduce en expresiones de violentismo, pero tampoco en esperanza que retroalimente el esfuerzo que permita reanimar la economía.

El problema adicional es que el gobierno -en realidad su figura central, el presidente Jorge Batlle- no logra mostrar capacidad de generación de esperanza. En la economía, las expectativas de la gente tienen un peso importante, y Batlle -más allá de la recesión, que se inició un año y medio antes que asumiera- había logrado sacudir la modorra uruguaya con proyectos de reformas económicas que apuntaban a la inversión privada y al incentivo a la competencia interna y al espíritu emprendedor.

Los intentos -exitosos- de la izquierda de bloquear esas reformas mediante referendum, la ausencia de defensa política de esos planes, la inacción, el desgaste de la imagen presidencial, dan una sensación -aunque no necesariamente sea real- de que se han bajado los brazos, que todo se limita a apagar el incendio y no a enceder esperanzas. Y para la economía, eso es grave.

Nelson Fernández es Subsecretario de Redacción de Búsqueda de Montevideo, Uruguay. Corresponsal en Uruguay del diario LA NACIÓN de Buenos Aires. Esta columna fue publicada en la Revista Búsqueda el jueves 29 de agosto.

Fuente: www.atlas.org.ar