El país asiste a la última batalla entre la burocracia y la sociedad civil. En un rincón, el gerente público, el representante de una burocracia prepotente, acostumbrada a engordar sin mirar los precios de la comida, a dormir la siesta, a gastar dinero ajeno sin sentirse obligado a rendir cuentas. En el otro rincón, con la cara llena de chichones, los ojos en compota y los labios partidos, la gente, los trabajadores, los empresarios, los estudiantes, los niños ....

La burocracia viene ganando la mayoría de los rounds, y a la gente le están por tirar la toalla, porque casi no aguanta más golpes.

Sin embargo, la crisis económico-financiera agrega un nuevo elemento. Se acabó la plata: las reservas internacionales netas del Banco Central son negativas y los únicos saldos positivos están en los "activos de reserva" y en el "fondo de estabilidad del sistema bancario". Pero ese dinero, producto de la ayuda internacional en créditos, no se toca. Está separado, tiene un objetivo específico -salvar al sistema bancario del colapso- y los que prestaron tiene al FMI como auditor in situ, para evitar que haya desvíos.

En la mitad del año 2002, Uruguay está en serios problemas. Desde fines de 1998 la economía está en recesión, la más larga de la historia. La caída del producto estimada para este año tiene como antecedentes las de 1933 y la de 1982. El desempleo es 15%-16% de la población activa, o sea unas 200 mil personas, pero la cantidad de gente con problemas de empleo es mucho más: si se suman los subempleados (que trabajan pocas horas), los informales, los que están en precariedad laboral y los que dejaron de buscar porque no encontraron un empleo ("desalentados"), la cifra llega a las 650 mil personas. Además, el salario real está en caída (por rebrote inflacionario y por rebaja de sueldo en muchos casos) y el ingreso familiar total (salarios más pasividades, ingresos de cuenta-propistas, utilidades empresariales, intereses) pierde poder adquisitivo. El nivel de pobreza está en incremento.

Pero no todo el país sufre la crisis. El sector burócrata -conformado por un ejército de gerentes de entes públicos, directores municipales de todo el país y varios cargos en ministerios- no da señales de darse cuenta del problema. Como en el Estado también hay muchos trabajadores responsables, éstos deben remar el doble para que aquella burocracia se mantenga a flote, para que mantenga privilegios como estabilidad laboral y altos salarios o beneficios en el uso de la cosa pública.

La recuperación del país no será fácil, pero es necesario que comience cuanto antes. El aumento del empleo y de la calidad de vida de la gente dependerá del crecimiento económico, o sea del aumento de la producción. El PBI puede incrementarse por la suma de los factores de demanda: consumo privado, gasto del gobierno, inversión privada y pública y saldo del comercio internacional.

La caída de ingreso familiar en términos reales y el impacto del efecto riqueza que tendrá la pérdida en colocaciones bancarias tras la crisis, no dan espacio a un impulso del PBI por el consumo. El déficit fiscal y los esfuerzo por evitar mayores desvíos (porque no hay más plata ni crédito voluntario de los inversores) lleva a una contracción del gasto público y también de la inversión estatal.

En el comercio exterior hay sectores con capacidad de exportar actualmente, pero está cortado el crédito lo que impide concretar los potenciales negocios.

Queda en la inversión privada la expectativa de reanimación de la economía.

El país, la sociedad, deben dar señales claras que éste es un país dónde vale la pena invertir (hoy no lo es). Habrá que generar espacios; la burocracia deberá ceder al menos algunos de sus bastiones. Y lo deberá hacer más que por voluntad propia, porque se acabó el dinero fácil.

A mitad de enero, un mes antes de la pérdida del investment grade (calificación que distinguía a los bonos públicos uruguayos) indique como ejemplos de "baja de gasto improductivo", como parte de "un hachazo fiscal", la eliminación de varios ministerios, el establecimiento de sólo cinco gobiernos regionales, la disminución de bancas legislativas, la eliminación de transferencias de sectores pobres a la Universidad estatal y acabar con el desparpajo de egresos en los entes (Búsqueda Nº 1.134). Iniciativas del Ejecutivo y del principal socio de la coalición que van en ese sentido, no encontraron el camino despejado para ser aprobadas. El sistema político se toma su tiempo para "sacrificar" piedras de la murralla estatal. Y eso, pese a que hay muchas gorduras incorporadas a lo largo del tiempo, por acuerdos políticos (ver recuadros adjuntos), como para cortar sin dejar de atender funciones esenciales.

La burocracia sabe que sus privilegios no serán eternos. Sin dinero, con la presión tributaria al máximo (aunque siempre puede esperarse más asfixia), y sin crédito para gasto público, habrá que ajustar. Es necesario que se haga simultáneo a la generación de espacios a la inversión privada. Porque ésta es la única esperanza de reactivación.

Probablemente, con la idea de que hay tiempo, el sistema político lo procese gradualmente. Un camino "del medio" entre morir con los ojos abiertos (y la burocracia intocable) y hacer las reformas. El futuro del país dependerá de la respuesta de la sociedad, a un burocracia fuerte, pero con la billetera vacía.

recuadros

Los ministerios      Al nacimiento de la República había sólo tres ministerios: de Gobierno y Relaciones, de Guerra y de Hacienda. En 1854 se dividió el primero de éstos y quedaron cuatro secretarías. En 1855 se agregó el de Instrucción Pública, lo que llevó la cantidad a cinco. Éste cambió de nombre en 1883 y se llamó Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. En 1891 se creó el de Fomento.      Seis ministerios quedaron en 1907: Interior, Industria, Trabajo e Instrucción Pública, Obras Públicas, Relaciones Exteriores y de Guerra. Mediante reestructuras, la cantidad aumentó a siete en 1911, a ocho en 1915 y a nueve en 1935 (con los de Salud Pública, y de Ganadería y Agricultura).      En 1967 se crearon los de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte, Comunicaciones y Turismo. Éste duró hasta 1974 cuando fue eliminado y se creó el de Vivienda y Promoción Social, que sólo se mantuvo dos años. También en 1967 se había creado la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) con rango ministerial, la que durante el régimen militar se llamó Secretaría de Planeamiento, Coordinación y Difusión (Seplacodi).      Al retorno a la democracia, los ministerios eran 10 En abril de 1986 se creó el de Turismo, en mayo de 1990 el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y en junio de 2000 el de Deporte y Juventud.      De los tres ministerios iniciales, se llegó así a los 14 actuales, incluída la OPP, que es una secretaría más.

Las "empresas" públicas      Por circunstancias especiales, justamente por impacto de una crisis económica pero no por una voluntad política del gobierno de la época, fue como surgieron las primeras empresas públicas. De acuerdo a su funcionamiento, no correspondería llamarle empresas, porque además se trata de "entes" (autónomos) o de "servicios" descentralizados" según la denominación legal. Además, la historia muestra que no se han manejado con criterio empresarial, sino como estructuras de clientelismo partidario, refugios de burócratas en procura del beneficio propio y también como oficinas recaudadoras de impuestos, los que se esconden en tarifas fijadas con objetivo fiscal.      La crisis de 1890 -que incluyó un default en deuda pública- arrastró a la compañía "La Luz Eléctrica", y sus acciones pasaron a los bancos Nacional e Inglés, los que poco después fueron liquidados por insolvencia. Y al Estado, para cancelar deudas, fueron a parar unos solares sobre la rambla (que luego se transformaron en el Parque Rodó) y las acciones de la empresa eléctrica. Tras el intento fallido en 1896 por reprivatizar esa firma, en diciembre de 1897 se nombró un Consejo administrativo (un presidente y dos vocales) y se le dejó como "propiedad del Estado".      En segundo lugar, para superar la inexistencia de crédito luego de la quiebra de bancos, se fundó en 1896 el Banco República, pero con la idea de que fuera de capital "mixto": 50% del Estado y 50% de privados. Pero no hubo interesados particulares y el 22 de octubre de ese año, abrió sus puertas como sociedad anónima, aunque sólo con el Estado como su dueño. En 1911 fue finalmente estatizado.      En 1901, el Puerto de Montevideo surgió como otra empresa del Estado, pero con el privilegio de monopolio. En 1916, con su carta orgánica se le denominó Administración Nacional y en 1933 se extendió a todos los puertos del país (ANP).      El Banco Hipotecario surgió en 1892 también como sociedad mixta, como continuidad de la Sección Hipotecas del quebrado Banco Nacional. En 1912 pasó a ser de carácter estatal.      En 1911 se creó Usinas Eléctricas del Estado (UTE) con el monopolio estatal del servicio. En ese año y el siguiente, surgieron el Instituto de Pesca, el Instituto de Geología y Perforaciones (IGP) y el de Química Industrial (IQI).      En 1911 el Ejecutivo promovió la creación de un frigorífico de capital mixto y en 1928 se creó el Frigorífico Nacional, pero no como ente estatal.      El Banco de Seguros (BSE) surgió por ley en 1911, y en 1926 se aseguró por ley su monopolio. En 1931 se creó la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP). Ese año se dispuso por ley el monopolio estatal del servicio telefónico (regía desde 1915 pero no se había hecho efectivo) y UTE mantuvo la sigla pero con otro significado: Usinas y Teléfonos del Estado.      En 1929 nació el Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica (Sodre), en 1947 la Comisión Nacional de Subsistencias, en 1948 el Instituto Nacional de Colonización (INC).      En 1945 se creó el Servicio Oceanográfico y de Pesca (SOYP), que en 1976 cambió por Industrias Loberas y Pesqueras del Estado (ILPE).      Obras Sanitarias del Estado (OSE) surgió en 1947, Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (Pluna) en 1951, el el Instituto Nacional de Pesca (Inape) en 1975.      En 1952 con la creación de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) se nacionalizaron los servicios ferroviarios.      En 1974 se separó la telefonía de UTE y se creó la Administración Nacional de Telecomunicaciones (1974). El ente energético quedó como Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE).      En la Constitución de 1967 se creó el Banco Central (BCU) con funciones que cumplía el BROU; y el Banco de Previsión Social (BPS) que nucleó a las cajas de jubilaciones. En 1996 surgió República AFAP, de derecho privado, pero de propiedad estatal (BROU, BSE y BPS) y BHU).      En diciembre de 1985 se creó la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), una especie de holding empresarial estatal.      En 1996 se creó la Administración Nacional de Correos (ANC) como ente (era una dirección ministerial).      Los intentos de vender parcialmente algunos de estos entes (1991) o de asociarlos con capitales privados (2000 y 2001) enfrentaron fuertes campañas políticas de la izquierda, que mediante referendum o intentos de éstos, logró frenar en general esas acciones.

Los municipios      La primera división territorial del país fue dispuesta en 1816 por el prócer José Artigas y abarcó el territorio al sur del Río Negro. Los departamentos originales fueron seis: Montevideo, San Fernando de Maldonado, Santo Domingo Soriano, Villa de Guadalupe (Canelones), San José y Colonia de Sacramento.      Durante el dominio portugues-brasileño se crearon Paysandú (1820), Cerro Largo (1821) y Entre Ríos y Negro (1822), que luego se denominó Durazno.      Cuando Uruguay fue fundado institucionalmente como Estado, había nueve departamentos: Montevideo, Maldonado, Soriano, Canelones, San José, Colonia, Paysandú, Cerro Largo y Durazno.      Mediante leyes, se subdivieron departamentos para crear otros, lo que aumentó las autoridades municipales y también la cantidad de legisladores: Salto, Tacuarembó y Minas en 1837 (el último cambió el nombre por Lavalleja, 90 años después), Florida en 1856, Treinta y Tres en 1884, Artigas y Rivera en 1884.      Finalmente, el 30 de diciembre de 1885 se inventó el departamento de Flores, mediante la ley N° 1.854 y con unos 5.144 kilómetros cuadrados que eran parte de San José. Esta medida tenía por objetivo aumentar las bancas del Senado a 19, para que Máximo Santos ingresara como senador por el nuevo departamento y fuera elegido presidente de la Cámara Alta. De esa forma, cuando Francisco Antonio Vidal renunció a la Presidencia de la República, la vacante debió ser llenada por el titular del Senado. Cerró el círculo.      Los gobiernos departamentales tuvieron diversas formas: jefaturas políticas, juntas económico-administrativas, consejos (en las épocas de ejecutivos colegiados, intendencias. Por cada división hay un orgnanismo ejecutivo y otro legislativo.      Así quedaron 19 departamentos, 19 municipios, 19 intendentes, 19 órganos legislativos comunales, 19 gabinetes de directores municipales. En los últimos años, estos órganos aumentaron la presión tributaria, pese a lo cual siguen siendo deficitarios. Desde la restauración democrática, el salario real de los funcionarios municipales aumentó por encima de todo el resto, público y privado. Generosidad de los intendentes, con dinero ajeno.

(*) Nelson Fernández es Subsecretario de Redacción de BÚSQUEDA (Montevideo-Uruguay) y Corresponsal en Uruguay del diario LA NACIÓN de Buenos Aires (Argentina). Esta columna fue publicada en Búsqueda el 15 de agosto de 2002, en la edición especial del 30º aniversario de esa revista uruguaya.