El término "primera dama" es un invento estadounidense, que América Latina hizo suyo sin saber muy bien en qué consistía. Y así como Estados Unidos tuvo su Eleanor Roosevelt, que redibujó el perfil de esa condición protocolar y asociativa para darle autonomía y singularidad, los latinoamericanos tenemos a nuestra Evita Perón, que también "independizó" esa figura para darle vuelo propio.

Desde entonces, cada vez que una primera dama desborda el corset protocolar en Estados Unidos y cobra personalidad política, es comparada con Eleanor Roosevelt. Eso mismo le ocurrió a Hillary Clinton, que sin embargo, al obtener un escaño en el Senado e insinuarse como eventual candidata presidencial, ha empezado a desplazar a su antepasada como referencia. En América Latina, cada vez que una primera dama pisa fuerte, se la compara con Evita. Es lo que les ocurre, en estos tiempos, a Martha Sahagún, esposa del Presidente Fox, en México, y, en Perú, a Eliane Karp de Toledo. De ambas, es la mexicana la que más proyección política tiene y, aunque el gobierno de su marido ha perdido mucho oxígeno, no se descarta que haga carrera política. Si la emprende, y lo hace con algún éxito, pasará a hacer con Evita lo que Hillary en cierta forma ha hecho con Eleanor: suplantarla como referencia.

Ningún país latinoamericano tiene constitucional y culturalmente definido el rol de la consorte presidencial. Y esto es natural, pues el ordenamiento político sólo puede definirle un rol a un funcionario público elegido por votación popular o nombrado por alguien que lo haya sido. Si el Estado pudiera fijarle una función a la primera dama, estaría, técnicamente, invadiendo el terreno de la libertad individual y sentando el principio de que un ciudadano sin cargo público puede quedar sujeto a obligaciones propias de un funcionario. Algo sumamente peligroso.

Pero, al mismo tiempo, pretender que la primera dama (o el "primer damo") es una ciudadana común sin función pública es desconocer una verdad práctica. Puede no tener cargo, pero sí ejerce una función en el esquema del poder.

¿Cómo resolver este dilema? En verdad, es insoluble. Si la consorte quiere jugar un rol político, no hay forma, con excepción de la ardua negociación conyugal, de limitarle esa posibilidad sin incurrir en una grave violación jurídica, ética y política.

Lo que sí es posible limitar es el uso de dineros públicos por parte de la primera dama. Cuando se aparta del papel protocolar y asume un activismo político, tiende a poner en movimiento a funcionarios públicos y recursos estatales, lo que en el caso peruano, por ejemplo, ha generado no menos escándalos que los fogonazos políticos con que la primera dama de tanto en tanto alumbra el firmamento.

Alguien que no es pasible de fiscalización pública de la misma manera que otros por no ocupar un cargo pero que sí tiene poder sobre los dineros públicos, se sitúa en una frontera delicada. Sin definir estatutariamente el rol de la primera dama, sólo es posible evitar el peligro fiscalizando al Presidente.

A lo que se añade un segundo problema: la utilización de la función pública para obtener donaciones privadas destinadas a obras benéficas. Una primera dama que recibe donaciones porque su condición política las atrae está incurriendo en una actividad lícita que podría fácilmente deslizarse hacia el mercantilismo, en el caso de que la primera dama esté en condiciones de retribuir desde el poder esa generosidad, o incluso hacia la corrupción.

¿Cómo evitarlo? Por lo general, la fiscalización sobre estos dineros es muy pobre en América Latina. El reto, pues, consiste en no limitar los derechos ciudadanos de la primera dama y al mismo tiempo impedir que tenga poder sobre los recursos del Estado o que las obras benéficas a las que se dedique escondan propósitos subalternos. Ningún país ha resuelto esto de manera institucional. Los que lo han resuelto, lo han hecho o porque el comportamiento de las propias interesadas ha sido el adecuado, o porque el propio Presidente ha sabido establecer la frontera. Todo eso cambia el día en que toque una primera dama menos escrupulosa.

En cualquier caso, cuando uno elige un gobernante, lo que elige es un "paquete" de personas, qu e van desde la familia hasta los colaboradores. Pretender que elige un anacoreta que ha vivido y seguirá viviendo desligado de su tribu es pedir peras al olmo. Por tanto, con las dos salvedades antes mencionadas, no hay nada que debamos hacer cuando una primera dama decide tener autonomía política o personalidad propia. Eso sí, una vez que saltan al ruedo, pierden la protección que les confiere el tabú según el cual una primera dama es intocable. Pasan, entonces, a ser damas políticas. Y allí, todo vale.

Fuente: La Tercera