WASHINGTON.- En plena campaña electoral y con varios frentes de conflicto abiertos en distintas regiones del mundo, Estados Unidos decidió duplicar la cantidad de militares involucrados en Colombia luego de que el Congreso norteamericano levantara una restricción que limitaba a 400 el número de soldados que pueden operar en ese país.

Así, el Congreso de Estados Unidos dispuso en una votación el sábado elevar a 800 el número de militares que participan en operaciones de soporte logístico y entrenamiento en el conflicto colombiano. Asimismo, decidió elevar a 600 el número de contratistas, la mayor parte de los cuales trabaja en la prestación de servicios y asistencia a las fuerzas armadas locales.

El anuncio fue bien recibido por el presidente colombiano, Alvaro Uribe, cuyo gobierno lleva a cabo una feroz batalla contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -que controlan parte del territorio del país- y contra bandas de narcotraficantes asociadas a la guerrilla.

Por otro lado, la decisión de Washington provocó una firme condena de grupos defensores de los derechos humanos que afirman que de esa forma sólo se logrará un mayor agravamiento del conflicto armado.

El nuevo personal estadounidense y parte de los contratistas que llegarán a Colombia en los próximos meses se destinarán, entre otras tareas, a desarrollar y analizar información de inteligencia de los grupos rebeldes y proveer de técnicas y entrenamiento a las fuerzas colombianas en operaciones de contraguerrilla, dijeron fuentes en Washington.

El proyecto legislativo estadounidense será sometido ahora a una votación del Congreso en pleno, un acto considerado protocolar, y luego enviado al presidente George W. Bush para su aprobación definitiva, algo que se da por descontado. El aumento del personal fue solicitado por el gobierno de Bush hace pocos meses con el objetivo de respaldar el llamado Plan Patriota, el operativo que ha lanzado Uribe para derrotar a las FARC.

Fuentes de la Casa Blanca dijeron este fin de semana que el levantamiento de las restricciones al envío de efectivos y personal estadounidense a Colombia es "muy importante" para asistir al ejército colombiano en su ofensiva de unos 18.000 hombres, en el sur del país, contra las FARC.

Sin embargo, algunos legisladores se mostraron preocupados ante la posibilidad de que un mayor involucramiento en el complicado conflicto colombiano lleve, paulatinamente, a que Estados Unidos termine empantanado en una guerra al estilo Vietnam contra la guerrilla. Sobre todo, en momentos en que tropas estadounidenses afrontan serias dificultades en otros escenarios del mundo, como Irak.

Con una estrategia de intervención indirecta, Estados Unidos ha tomado cartas en el conflicto en forma decisiva desde que en 2000 el gobierno de Bill Clinton puso en marcha el Plan Colombia. Este es un programa de asistencia por 1300 millones de dólares a lo largo de cinco años que apunta a la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico e incluye un controvertido plan de fumigación de cultivos de coca.

En forma paralela al Plan Colombia, Estados Unidos ha prestado ayuda militar a Colombia por unos 3300 millones de dólares, pero Uribe ha solicitado una mayor asistencia para poner fin al conflicto de 40 años en el país.

El Congreso norteamericano consideró que la aprobación de las nuevas medidas "apunta a dar apoyo a la campaña del gobierno de Colombia contra la actividad de organizaciones consideradas terroristas" por Estados Unidos. El gobierno de Bush incluyó en esa categoría a las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actualmente negocian con Uribe un plan de desmovilización.

Los militares estadounidenses no están autorizados a entrar en combate, excepto en defensa propia o en operaciones de rescate.

Desde hace 17 meses la guerrilla colombiana mantiene cautivos, junto a decenas de secuestrados, a tres contratistas militares de Estados Unidos capturados luego de que el avión en el que se trasladaban cayera a tierra en una zona rebelde del sur del país. Politicos y militares del ejército colombiano también están en poder de los rebeldes que exigen al gobierno de Uribe un canje con guerrilleros presos.

Fuente: Diario La Nacion