El etarra Jesús María Lariz Iriondo, acusado de participar en un atentado perpetrado en Eibar en 1984, pidió "refugio político" en el país, en un intento de cerrar definitivamente la posibilidad de ser extraditado a España

El Gobierno analiza la posibilidad de brindar asilo político al ciudadano vasco Josu Lariz Iriondo, acusado por la Justicia española de pertenecer a la organización terrorista ETA y procesado por varios delitos atribuidos a ella durante la década de los ’80.

Si bien el pedido de refugio –por considerarse “perseguido político”– fue planteado en el mismo momento de su detención en el país, en noviembre de 2002 cuando fuera deportado desde Uruguay, el tema fue tomado como bandera de lucha por agrupaciones locales como Madres de Plaza de Mayo o Quebracho.

La misma Hebe de Bonafini festejó como una victoria propia la denegatoria al pedido de extradición que resolvió el juez federal Claudio Bonadio el pasado 17 de junio. Es ella quien ahora impulsa más fuerte el proceso para que se le otorgue asilo en el país al presunto terrorista.

El pedido se encuentra bajo análisis de una comisión especial que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia, denominada “Comité de Elegibilidad para los Refugiados (Cepare), que integran además de ese ministerio, funcionarios de las carteras de Interior y de Relaciones Exteriores, junto a miembros del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Fuentes de la Cancillería explicaron que aún no existe nada resuelto sobre la situación del ciudadano vasco, quien se encuentra en libertad condicionada y no puede alejarse a más de 60 kilómetros de la Capital Federal.

Entre otros hechos, a Lariz Iriondo se le imputa la participación en un atentado ocurrido en Madrid en 1984, en el cual resultaron gravemente heridos tres policías. La negativa al pedido de extradición planteado por el juez español Baltazar Garzón cayó mal entre las autoridades de ese país, que ahora insisten por los mismos caminos diplomáticos.

Sin embargo, según indicó su abogado defensor Eduardo Soares, “hemos agregado documentación tendiente a demostrar que es un perseguido político”.

Para ello, se reunió ayer con el canciller Rafael Bielsa y el ministro del Interior Aníbal Fernández. “A ellos les expliqué las características (del caso) y todos dijeron en líneas generales que querían tener un pronunciamiento de la Justicia previamente y que una vez que haya un fallo, se vería”, explicó Soares, quien además de su profesión de abogado, milita en la agrupación Quebracho.

Lariz Iriondo dispone de una documentación temporal expedida por el Ministerio del Interior, y tiene permiso de trabajo.

Además puede recibir la asistencia económica que Acnur brinda a los refugiados (mínimo de $250) durante ocho meses, que incluso puede aumentar según la composición familiar y en caso de “necesidades especiales”.

Fuente: Infobae