De acuerdo a una encuesta realizada por los principales medios de comunicación, el Presidente Uribe obtiene una calificación de 3.5 (sobre un máximo de 5.0) en materia de desempeño para los primeros cien días de su administración; y en el tema económico el puntaje fue de 3.35, lo que refleja si bien un resultado positivo, no es el óptimo que los colombianos esperan. Resulta, por lo tanto, conveniente analizar los logros y falencias de la política económica del gobierno para entender el porque de esta calificación, y determinar si esta es justa o no.

Desde los primeros días del gobierno de Alvaro Uribe, los colombianos nos dimos cuenta que su compromiso con el país era grande, al punto de iniciar un ritmo de trabajo bastante fuerte con resultados palpables. El tema económico no fue la excepción, y la presentación de las reformas laboral, pensional y, finalmente, tributaria al Congreso, fueron prueba de ello. Estas iniciativas han contado con el impulso decisivo y tenaz de los ministros y funcionarios del equipo económico, los cuales han participado en debates y diferentes reuniones privadas con los miembros del poder legislativo.

Estas reformas fueron presentadas con tanta celeridad por un lado para infundir confianza en los mercados internacionales y en los inversionistas extranjeros; y por otro, el más importante, como respuesta a la difícil situación de las finanzas públicas luego que el equipo económico descubriera que el desquilibrio en las cifras del Estado eran más graves de lo que se pensaba. Por ejemplo, el déficit fiscal para el presente año no será ya 2,4% como se había acordado con el FMI, sino que estará alrededor del 4%. Esta situación se reflejaba en los indicadores de desempeño de la economía colombiana y, en especial, en la dinámica creciente de la deuda pública, la cual se aproxima rápidamente al 60% del PIB:

Como era de esperarse ante la gravedad de la situación, las autoridades económicas dedicaron todos sus esfuerzos a corregir estas peligrosas tendencias para lo cual sostuvieron reuniones con las entidades multilaterales y con el gobierno de los Estados Unidos; a la vez que presentaron las mencionadas reformas, con las que se busca reducir el hueco en las finanzas públicas; se establecieron los primeros acuerdos con el FMI, en la visita que delegados de este organismo hicieron al país; y también se ha llevado el tema económico al referendo que busca reformar la política nacional. Todas estas acciones y contactos buscan asegurar el adecuado financiamiento del accionar estatal y dejar espacio para los programas sociales, los cuales eran piedra angular de las propuestas de campaña de Uribe.

Los principales críticos del desempeño económico de la administración Uribe, coinciden en afirmar que las autoridades en esta área han otorgado un excesivo protagonismo a la situación de las finanzas públicas y su solución, lo cual ha causado la ausencia de programas concretos de promoción social y generación de empleo, en tiempos en que la mayoría de la población vive en la pobreza y los desempleados pasan de los tres millones de personas. Sin embargo, y como otros analistas han expresado, se debe dar salida rápida y prioritaria al problema del déficit fiscal ya que de este no solo depende el normal funcionamiento del Estado, sino también la disponibilidad de los recursos necesarios para la puesta en marcha de los programas requeridos. Así, se requiere primero ordenar la casa, ojalá a la mayor brevedad posible, y luego poner en práctica las estrategias de desarrollo social.

Sin embargo, el gobierno ha pecado varias veces por exceso en su afán de sacar adelante las reformas económicas, al punto que sus funcionarios han sido acusados de hacer “terrorismo económico” y de alarmistas, ya que en algunas ocasiones han sido demasiado dramáticos al expresar la gravedad de la situación. Estas acusaciones se vieron agravadas debido a la aparente falta de coordinación entre los encargados de la política económica respecto a las reformas económicas, al punto, en algún momento, de dar a entender la inexistencia de un consenso al interior del gobierno.

Esta situación ha sido corregida recientemente, pero el futuro de las reformas se ha visto complicado nuevamente por los constantes cambios que se realizan a estas propuestas, en especial a la reforma tributaria, la cual hasta la fecha no tiene un planteamiento definitivo sino una meta de recaudo de $16 billones para los próximos cuatro años. Y la improvisación, o al menos falta de definición de algunos puntos, se ha visto reflejada en los medios para alcanzar la tributación deseada. Al respecto, también cabe anotar que se requiere un estudio profundo y completo sobre el impacto de tal reforma sobre la economía colombiana.

En los últimos días, la aparente falta de comunicación entre los ministros del área económica quedó evidenciada nuevamente en el episodio de los aranceles agrícolas y la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Y, aunque finalmente se dio marcha atrás en este asunto, quedó demostrada la tendencia proteccionista del ministro de agricultura y del mismo Presidente Uribe. La actual medida de Licencia previa para la importación de leche es un ejemplo claro de esta actitud, que esperamos no continúe en el futuro cercano.

Así, los avances logrados por la administración Uribe en materia económica si bien han sido pocos, son significativos, ya que se logró la financiación de la totalidad del presupuesto para el año 2003 y se están dando los pasos necesarios para resolver el problema fiscal. Sin embargo, aún resta mucho por hacer, en especial en materia de reformas económicas profundas y de largo plazo, que justifiquen el sacrificio que tendremos que hacer los colombianos. Se requiere no solo mayor celeridad, sino también la definición de las prioridades correctas y la forma de llegar a estas. En resumidas cuentas, si esta estrategia es aprobada el panorama fiscal quedará despejado, y el gobierno podrá dedicarse a otras áreas donde su presencia es necesitada con urgencia.

Queda así en manos del lector considerar si la calificación del Presidente en el manejo económico es justa o no.

Fuente: Inteligencia Economica