En días recientes, el presidente Álvaro Uribe anunció la intención de su gobierno de buscar, mediante un proyecto de ley, que se penalice de nuevo el porte y consumo de dosis personales de drogas. En 1994 la Corte Constitucional declaró que tal prohibición es inexequible, ya que viola el derecho constitucional de cada individuo al libre desarrollo de su personalidad.

La penalización de el porte y consumo de dosis personales de droga sería un gran error. Veamos por qué:

1.El alcance de la autoridad del Estado no puede llegar hasta las determinaciones que los individuos tomen acerca de sus propios cuerpos y mentes, en la medida en que estas determinaciones no vulneren los derechos de algún otro individuo. Incluso si algunas personas consideran que ciertas decisiones, como la de usar drogas, son erróneas y causarán perjuicios, estas personas no tienen el derecho de imponer a los otros su opinión, en la medida que los perjuicios se causen sólo al individuo que ha tomado la decisión de realizar la conducta. Esta posición es además un absurdo, ya que prácticamente lo mismo puede decirse de cualquier actividad humana: hay muchas comidas que ocasionan perjuicios a la salud; ¿vamos entonces a aprobar una ley que envíe a la cárcel a quienes consumen colesterol?

2.Es cierto que, en nuestro medio, el consumo de drogas se presenta, en muchas ocasiones, asociado con conductas que sí son criminales, porque causan daño a los demás. Pero lo que debe penalizarse son estas conductas, y no el uso de las drogas. Así como hay personas que usan drogas y cometen delitos, hay muchas otras que usan drogas y realizan actividades lícitas y productivas dentro de la sociedad, llevando lo que la mayoría de nosotros calificaría como una vida normal. Es como sí, con el pretexto de atacar el narcotráfico, se penalizara la música de los corridos norteños mexicanos. Por otro lado, en la sentencia que al respecto emitió la Corte en 1994, quedó claro que el uso de drogas en ciertos contextos y actividades, en los que se pueda poner en peligro a otros, sí debe prohibirse: conducir bajo su efecto, realizar algunas actividades profesionales que requieran especial atención, etc. Sobre eso no hay duda jurídica alguna.

Al penalizar el consumo de drogas, el gobierno cometerá un grave error administrativo, ya que distraerá en esto muchos recursos, materiales y humanos, que debería ahora destinarse a la mayor prioridad de la sociedad colombiana, que es la lucha contra el terrorismo. Jueces, policías, investigadores, y agentes que podrían estar dedicados a perseguir terroristas, de esos que lanzan un cilindro bomba contra una iglesia llena de refugiados, estarán ahora dedicados a perseguir personas que han tomado una decisión de vida la cual, infortunadamente, el Sr. Uribe considera errada.

Fuente: Inteligencia Economica