“Hacia un Estado comunitario” es el nombre del Plan de Desarrollo presentado por la actual administración para los años 2003 a 2006, y a través del cual se espera que la economía regrese a la senda del crecimiento sostenido, se logren bajos niveles de desempleo y se mejore la distribución del ingreso. El Plan apunta a realizar inversiones en sectores estratégicos de la economía y la sociedad colombiana, para lo cual utilizará recursos provenientes de créditos con entidades multilaterales .

El valor total de las inversiones a realizar en el marco del Plan de Desarrollo es de $108 billones, de los cuales $65,7 billones, es decir el 60,8%, se destinarán al gasto social; mientras que el 25,5% ($27,6 billones) se utilizarán para infraestructura y $3,2 billones irán a financiar la estrategia de defensa. Los recursos restantes serán distribuidos en distintos rubros, teniendo en cuenta el impacto sobre las prioridades del Plan; las cuales son: la Seguridad Democrática, crecimiento y generación de empleo, cierre de las brechas de inequidad, acometimiento de la Revolución Educativa y Renovación de la Administración Pública.

En el campo económico, el Plan tiene los objetivos de generar un crecimiento promedio de 3,2% para los próximos tres años, al cabo de los cuales la tasa de desempleo se ubicaría en 10%, el déficit fiscal en 2,1% y el saldo de cuenta corriente sería negativo en 1,9%. Estas cifras, aunque ambiciosas se esperan obtener al finalizar esta administración, lo cual podría ser factible de realizarse las inversiones propuestas. Sin embargo, la preocupación central es ¿Qué ocurrirá al terminar el gobierno del Presidente Uribe, en materia de empleo por ejemplo?

La principal razón de este cuestionamiento es el corto plazo en que estas medidas operan y su disminuido efecto en el tiempo. Por ejemplo, el Plan considera que una vez lograda la reactivación de la economía, y a través del impulso a las políticas sectoriales y la reforma laboral, se lograrán crear alrededor de 300.000 nuevos empleos. Y los sectores en cuestión no son otros que la vivienda y la construcción, instrumentos comunes en políticas de generación de empleo en las anteriores administraciones sin resultados adecuados. Además, se espera que estas iniciativas sumadas a una tasa de cambio competitiva, bajas tasas de interés y la entrada en vigencia del Atpa, generen puestos adicionales de trabajo.

Primero que todo, esta estrategia parte del supuesto de la consolidación de la reactivación económica, la cual parece aún muy débil e inestable. Por lo tanto, de no obtenerse los resultados esperados, la generación de empleo se vería comprometida. Además, el impulso a la construcción a través de políticas de vivienda demanda muchos recursos de financiación por parte del gobierno; los cuales, si bien se pueden conseguir en la actualidad, es muy probable que enfrenten panoramas más complicados en poco tiempo, al igual que eventualmente se tendrá que evaluar su permanencia en medio de la necesidad de reducir la deuda pública.

Así es, no se debe olvidar que estos recursos provienen de nuevos créditos, los cuales incrementarán el nivel de endeudamiento y comprometerán la viabilidad financiera de la nación. Por supuesto, esto no es aconsejable pero es comprensible, dada la difícil situación de las finanzas públicas y la imperiosa necesidad de auxilios que requieren las personas menos favorecidas en el país, las cuales también están contempladas en el Plan de Desarrollo a través de políticas de asistencia social. Es por esto, que el gobierno, y todos los colombianos, espera que esta cuantiosa inversión se refleje rápidamente en el desempeño de la economía. Es una nueva apuesta que, todos esperamos, sea favorable para Colombia.

Fuente: Inteligencia Economica