Recientemente, el Ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, concedió una entrevista a un importante medio de comunicación escrito, en la cual expone las que serán sus prioridades durante el tiempo que permanezca al frente de esa cartera. Para el alto funcionario, su principal obligación es defender el trabajo rural, ya que el desempleo en el campo llega al 12% y la pobreza bordea el 70%; por lo tanto se requiere generar más empleo en el sector del agro nacional y buscar soluciones a tan graves problemas.

No existe ninguna objeción a esta idea del Ministro, por el contrario el campo es uno de los sectores más importantes de la economía nacional y siempre debe estar en la agenda de toda administración. Sin embargo, lo cual es común en temas de política económica, el problema surge al analizar el método a seguir para alcanzar el objetivo de fortalecer el empleo rural. En este caso la falta de concordancia entre los medios y el fin es clara, y se origina en una falacia muy común entre los responsables del manejo económico, y aún entre los mismos analistas; y esta es creer que poner un “freno” a las importaciones de bienes agrícolas es un instrumento eficaz para defender el empleo rural.

En efecto, según el Ministro, se debe proteger al sector agropecuario para poder así generar más empleo en el campo. Es lógico suponer que si se restringe la entrada de algún bien (y si este se produce en el país), la cantidad de este que se demanda al productor nacional será mayor y, por lo tanto, se requerirán más trabajadores para la producción, o en este caso cosecha. Sin embargo, lo que no se tiene en cuenta es la razón para que este bien se compre al extranjero y no en Colombia; la cual seguramente es que en nuestro país el bien se produzca aun mayor costo y, por ende, a un mayor precio para el consumidor. Otra razón, que está muy relacionada con la primera, es que el proceso productivo en el otro país demande menos tiempo y recursos ya sea por un mayor grado de avance tecnológico o por la optimización del mismo. En otras palabras, la eficiencia en la producción del bien importado es superior en el extranjero que en nuestra nación.

Por lo tanto, al imponer restricciones a la importación de estos bienes, lo que en realidad se está haciendo es es crear puestos de trabajo poco productivos y eficientes, los cuales no solo no contribuyen mucho al crecimiento de la economía en el largo plazo, sino que además no son sostenibles ya que cuando se eliminen las barreras a la entrada de los bienes extranjeros , la competencia resultante llevará estos sectores antes protegidos a la ruina. El Café en nuestro país es el ejemplo perfecto de esta situación donde, luego de décadas de proteccionismo, el grano colombiano no fue capaz de innovar ni de mejorar su proceso productivo y por eso hoy atraviesa una profunda crisis.

Sin embargo, la generación de empleo no es la única razón para que se impongan estas medidas proteccionistas. El otro argumento es una falacia más: la “competencia desleal”, practicada por los países desarrollados y exportadores de bienes agrícolas, la cual funciona a través de subsidios. Según este argumento, los subsidios generan distorsiones en los precios internacionales de los bienes, las cuales tienen efectos negativos sobre la producción nacional, al mismo tiempo que permiten la entrada de artículos más baratos al país. Por lo tanto, se hace necesaria la imposición de aranceles o, como será el caso de Colombia y la Comunidad Andina de Naciones, una sobretasa al precio del bien, la cual estaría alrededor del 30%.

El error radica en la supuesta necesidad de reciprocidad y la respuesta a la “competencia desleal”. Primero que todo, el principal perjudicado con el uso de subsidios es el país que realiza la exportación, ya que estos recursos salen del gasto público y más concretamente de los impuestos que pagan las personas. Por lo tanto, esta medida tiene un impacto directo sobre los ingresos de los ciudadanos de la nación que otorga el estimulo (por ejemplo, los subsidios al agro otorgados por la Unión Europea le cuestan 600 Euros al año a cada familia, y Estados unidos gastará U$100 billones durante los próximos diez años por el mismo concepto). Segundo, el subsidio significa una disminución en el precio del bien, y esta es la distorsión a la cual se refiere el Ministro, lo cual quiere decir que los colombianos pueden acceder de manera más cómoda al artículo subsidiado. En otras palabras, el sacrificio realizado por los habitantes de los países desarrollados permite que los colombianos accedamos a los bienes importados a un precio menor.

Pero, si se aplica un arancel a la entrada de estos bienes, se estaría incrementando su precio y el directo perjudicado sería el consumidor nacional, ya que tendría que pagar por la eliminación del efecto del subsidio. En otras palabras, el impuesto sería cargado al consumidor final, es decir, a los colombianos. Esta es la principal razón del rechazo a los aranceles y medidas proteccionistas como instrumentos para impulsar la economía nacional, o en este caso el sector de la agricultura.

Fuente: Inteligencia Economica