Nueva Estructura del Poder Público

por Alejandro F. Mercado *

En varias ocasiones los funcionarios del actual gobierno nos han llamado la atención respecto a que el referendo por el Estatuto Autonómico de Santa Cruz podría conducirnos hacia una división del país, en tanto que el mismo descansa en una corriente federalista extrema. Ciertamente no sé si quienes expresan tales preocupaciones las hacen porque no tienen idea de las distintas estructuras del Poder Público o, alternativamente, quieren vendernos gato por liebre. Sea cual fuere el origen de esta falacia, cabe hacer algunas precisiones.

El federalismo es un proceso de construcción del Poder Público, cuyo objetivo es crear un nuevo Estado con base en la cesión de parte de la soberanía de Estados preexistentes, es decir, parte de la inexistencia de un Estado integrador que busca ser creado. En dicho proceso, los Estados independientes que buscan federarse están dispuestos a enajenar parte de su soberanía al nuevo Estado naciente. De donde se concluye que el problema radica esencialmente en la soberanía, vale decir, el grado en que los Estados transferirán su soberanía y las limitaciones que se impondrán al nuevo Estado integrador. Cabe ser claro al anotar que de allí no se sigue, necesariamente, que el nuevo Estado será altamente descentralizado en sus funciones, por el contrario, la función del Poder Público es una cuestión abierta, pudiendo incluso darse el caso de que Estado federal tenga un accionar relativamente centralizado.

El proceso autonomista, contrariamente al proceso federativo, parte de la existencia de un Estado indivisible cuya soberanía no está en discusión. Sobre esta base, el tema en cuestión es el ejercicio de ciertas funciones públicas, es decir la descentralización de ciertas funciones a instituciones secundarias de base territorial. La idea subyacente es que ciertas funciones político administrativas pueden ser realizadas de manera más eficiente en órganos más cercanos a la población.

Como destacamos, la esencia del problema del proceso federativo está en la manera en que quede formalizada la soberanía, siendo poco relevante el carácter centralizado o descentralizado de la función del Poder Público, siempre y cuando se tenga claro cual es el origen del este poder y que sus funciones devienen de dicha soberanía dividida. En suma, el federalismo implica una suerte de concentración, mientras que el proceso autonomista tiene como base la descentralización. En ese marco, si se trata de un plebiscito que hace a la libertad y no a la soberanía, contraponerse al mismo no parece ser lo más apropiado.

Realizadas estas precisiones, ahora cabe recordar que el proceso de descentralización, lo que Tim Cambell denominó: The quiet revolution, no es un fenómeno nuevo, ni nace a la sombra de una determinada ideología, sino que es el resultado del desencanto de la población respecto a la relación gobernantes/gobernados, en especial en regímenes de tipo populista y autoritario, donde las funciones del Poder Público se hacen ineficientes por el fenómeno de concentración. En otras palabras, el centralismo que tornó ineficiente el proceso de toma de decisiones y generó el deterioro de los distintos servicios públicos, entre ellos, la educación y la salud, impulsó los movimientos que buscan la descentralización. El fenómeno es, nada más y nada menos, que el resultado de la simple aplicación de las leyes económicas, donde el excesivo centralismo provoca deseconomías de escala, elevando los costos de transacción y generando costos de aglomeración.

Por otra parte, en muchos casos los procesos de descentralización fueron impulsados como mecanismos para solucionar problemas de carácter étnico, tal el caso de Etiopía; sin embargo, en nuestro país el proceso de descentralización adoptó una acción perversa, ahondando los problemas étnicos y de discriminación.

El proceso de búsqueda de autonomías, al igual que el proceso de reivindicaciones por parte de los grupos marginados, era algo que se venía venir por lo menos hace tres décadas, lamentablemente los denominados partidos políticos tradicionales no llegaron a entender que hay momentos en que la historia se acelera y se requiere asumir cambios para que no colapse el sistema institucional. El Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en su primera gestión, percibió el fenómeno pero cometió el error de querer detenerlo a través de invitar a un indígena a conformar su gobierno y de la Ley de Participación Popular. Lo primero, que no fue nada más que un ornamento en la estructura del Poder Público, no sirvió de nada y, lo segundo, en lugar de frenar el proceso, tuvo como resultado la mayor aceleración del mismo. El actual gobierno del Presidente Juan Evo Morales Ayma tampoco tiene una lectura correcta del proceso, tratando de nadar contra la corriente.

Para el cierre, si bien es real la imposibilidad de detener el proceso, cabe destacar que el mismo incorpora aspectos étnicos, culturales y de legítima reivindicación de los grupos marginados o excluidos y, en el fondo, se trata de una competencia por el poder político. En esta competencia no existen posibilidades de consenso, siendo los diálogos meros espacios para consolidar ciertas posiciones. La lucha por el poder político es como un juego de equilibrios dinámicos, donde unos retrocederán siempre y cuando no puedan avanzar o mantenerse en su lugar, al igual que los otros. Nadie estará dispuesto a ceder un milímetro, por lo que las convocatorias a un “desarme espiritual” o el dejar de lado los intereses particulares en función de la patria, no son más que retórica. No les pidamos que dejen de lado sus intereses, no pidamos virtudes morales que impliquen darlo todo por elevados ideales, conformémonos con exigirles que respeten las leyes. La lucha por el poder político, en Bolivia como en cualquier otra parte, es un enfrentamiento feroz entre los contendientes, por ello es que la humanidad creó el sistema democrático como mecanismo para regular el conflicto y evitar la tiranía o, dicho de otra manera, la democracia es la forma de preservar el imperio de la ley.

* Alejandro F. Mercado es director del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas de la Universidad Católica Boliviana (IISEC-UCB).

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