Bolivia: Dos años de estatalismo redistribuidor

por Fernando Molina

El gobierno boliviano acaba de cumplir dos años. En el acto de informe al Congreso, el vicepresidente Álvaro García Linera presentó las líneas fundamentales del proceso que Evo Morales y él dirigen. Son tres: primero, la asignación de un nuevo papel al Estado, que lo convierta en productor y protagonista de la actividad económica del país; segundo, la igualdad política entre indígenas y mestizos; tercero, la redistribución de la riqueza nacional.

Para García Linera, éstas son las orientaciones indisputables de la "revolución" en la que vive Bolivia y nadie puede pensar en hacer política aquí sin respetarlas. Cualquier proyecto político, sea éste oficialista u opositor, tiene que estar basado en ellas o perecerá. Lo que le lleva a la conclusión siguiente: No hay más alternativa de poder y de remodelación social excepto la representada por el MAS. Todos los otros partidos pretenden conservar el viejo orden; sólo el MAS busca crear uno nuevo.

¿Es realmente así? ¿Cuánto ha avanzado Morales en el cumplimiento de sus propósitos? ¿Es en verdad nuevo el derrotero que pretende imprimir al país? Este artículo trata de responder someramente estas preguntas (en lo que respecta a la economía). Dos de los tres principios del proceso, según los describió García Linera, son económicos: la centralidad del Estado y la redistribución de los ingresos. ¿Cuánto se los ha aplicado? El Vicepresidente esgrime una cifra, dice que alrededor del 20 por ciento de la economía ya se encuentra en manos estatales, pero este cálculo es financiero, no real.

orque aunque hay muchos deseos estatalistas en el país, las realizaciones son en realidad escasas. El gobierno compró las refinerías de petróleo que estaban en manos de Petrobras y expropió sin indemnización la fundición de estaño de Vinto. También se hizo propietario de un banco en quiebra y bautizó a un grupo de financieras gubernamentales ya existentes como "banco de desarrollo". Y ha planeado fundar un puñado de nuevas firmas estatales, que se dedicarán a la producción de papel, cartón, lácteos, jugo de naranja (¡!), plásticos y vidrio. Eso es todo. Las empresas importantes que supuestamente iban a ser nacionalizadas, hablamos de las grandes compañías de petróleo, electricidad y telecomunicaciones, recibieron amenazas pero no fueron tocadas hasta ahora.

¿Cambiará esto en 2008? Hace poco el Ministro de Hidrocarburos juró que sí, que este año sería el de la "recuperación de la propiedad del Estado", pero la verdad es que las condiciones no lo favorecen. Bolivia no cuenta con el dinero necesario para comprar las grandes empresas y entronizar realmente al Estado en el centro del firmamento económico. Y el gobierno ya ha aprendido -por la reacción de la Unión Europea tras un intento de nacionalizar "a la mala" la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, una posesión de la italiana Eurocom- que no se puede romper las reglas de inversión sin sufrir graves consecuencias.

En su informe al Congreso, el presidente Morales dijo, a propósito de la nacionalización de la industria petrolera: "misión cumplida". Pero semejante afirmación carece de sentido, a no ser que el Presidente reduzca la "nacionalización" al alza de las rentas petroleras, que ciertamente no la agota. Es cierto que las rentas han subido: son ahora de alrededor de 2.000 millones de dólares anuales, mientras que en el pasado no superaban los 350 millones. Pero la causa no es la nacionalización, que como ya hemos visto no ha ocurrido realmente, sino la confluencia de otros tres acontecimientos favorables: un gravamen que se había impuesto antes de la asunción de Morales a la Presidencia, los altos precios internacionales y los aciertos de esta administración en la negociación de los precios de exportación del gas.

Ahora bien, ¿cómo se ha gastado esta suma adicional de dinero, que es muy significativa para un país tan pobre como Bolivia? ¿Se aplica el principio redistributivo del que habló García Linera? ¿Vale éste también para otros recursos además de los petroleros? Partamos de lo siguiente: el gobierno está genuinamente interesado en la redistribución, no se trata de un simple eslogan. Pero tiene un problema. A diferencia de lo que ocurre con la creación de riqueza, que genera más para todos sin perjudicar a corto plazo a nadie, la redistribución conduce siempre al conflicto, porque aquello que se reparte primero debe ser arrebatado a alguien.

El objetivo redistribuidor del gobierno, entonces, no puede alcanzarse sin el previo despliegue de una importante fuerza coactiva, la "victoria" sobre los grupos afectados y la consiguiente crisis política y social. Y esto es justamente lo que está pasando en Bolivia: Para emerger, el nuevo orden requiere enterrar a su antecesor, primero, pero éste no ha muerto (y dado el periodo de la historia mundial en el que nos encontramos, es muy difícil que muera del todo, a diferencia de lo que pasó en Cuba en los años sesenta del siglo pasado).

De ahí que las principales iniciativas redistribuidoras oficialistas: la reforma agraria, la pensión universal de vejez, el bono de escolaridad y el seguro universal de salud, se hallen trabadas por la oposición de los sectores afectados: los terratenientes, por un lado, y las actuales beneficiarias de las rentas petroleras (las burocracias departamentales), por el otro.

En síntesis, la revolución de Morales se mueve, pero en el plano que cuenta, que es el económico, lo hace lentamente, obstaculizada por las realidades de nuestra época. Y tampoco parece apuntar muy lejos. Aunque se presente como el non plus ultra del cambio y de la innovación social, la receta de centralizar estatalmente la riqueza para repartirla entre los pobres, por un lado, y para lograr la industrialización del país, por el otro (y de esta segunda meta ni hablamos aquí, tan lejana resulta en este momento), es en realidad lo más viejo que hay. No otra cosa fue la que intentó hacer Bolivia durante la mayor parte del siglo veinte. La única novedad de este esfuerzo repetido reside en su carácter antitético respecto de la política privatizadora que se practicara aquí durante los años noventa, que sin embargo constituía, ella misma, una excepción histórica.

Fuente: Infolatam.com

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