La Solucion de Evo

por Gerardo Martinez Solanas *

El 9 de mayo de 2007 el poder ejecutivo boliviano se pronunció agresivamente, descalificando a los magistrados del Tribunal Constitucional. Fue un primer paso ominoso de los propósitos dictatoriales del presidente Evo Morales. Posteriormente, se produjo un estado de fuerza en el que un numeroso segmento de los delegados a la Asamblea Constituyente fueron excluidos de las sesiones y, tras meses de impasse, fracasó todo proceso de diálogo y negociación para conseguir un consenso o, al menos, la aprobación por mayoría de 2/3 suficiente para legitimar el texto constitucional resultante. Mediante el uso de la fuerza se proscribió de las sesiones a un numeroso sector de la Asamblea, mientras los no excluidos aprobaban por su cuenta --y casi sin debate-- un texto redactado por menos del 60% de los asambleístas.

La ilegalidad de este proceso fue tan evidente de conformidad con principios jurídicos y constitucionales establecidos, que la III Cumbre Judicial de Ministros de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales de los nueve departamentos del país señaló hace pocos días que la constitución aprobada por el oficialismo en diciembre de 2007 es ''ilegal e ilegítima'', porque es imperativo, dentro de la legalidad en un régimen de derecho, que cualquier proceso de reforma o reemplazo de una Carta Magna se realice dentro de las normas que están en vigor.

Días antes, el Colegio de Abogados de Bolivia había expresado consideraciones semejantes sobre la ilegalidad del nuevo texto, declarando que no acatarían una constitución proclamada en tales circunstancias.

A todo esto Morales ha respondido que ''no se puede contentar a todos los bolivianos'', lo cual demuestra gran ignorancia sobre los principios constitucionales en toda nación donde impere el derecho. No se trata de ''contentar'' o no, sino de redactar un texto equitativo y justo ''para todos los bolivianos'' mediante un proceso de diálogo, negociación y transacción entre todos los delegados elegidos por los ciudadanos que ulteriormente acatarán las disposiciones de esa nueva ley suprema.

Morales pretende seguir adelante y someter el texto aprobado por un sector de la Asamblea Constituyente a un referendo vinculante que le dé legitimidad. Esta solución es espuria, porque no crea un debido ambiente de consenso que promueva el acatamiento de la nueva Constitución, sino una polarización mayor. Si el 50% + 1 votara a favor del texto, la aprobación --de hecho-- privaría del derecho a sentirse debidamente protegida y representada a más de la mitad de la población. Y como nunca vota el 100% de los electores, esa ''aprobación'' contabilizaría a menos de la mitad de los habilitados para ejercer ese derecho. Por lo tanto, para alcanzar legitimidad mediante el espaldarazo popular, habría que exigir un 66% o, mejor aún, el 75% de los votantes.

Esta solución no contentaría ''a todos los bolivianos'', pero podría satisfacer a una abrumadora mayoría y, en consecuencia, alcanzar un grado de consenso suficiente para su legitimidad. Cualquier otra solución que emplee el actual gobierno boliviano para imponer una constitución a la medida de sus intereses redundaría en una profunda escisión del país que desembocaría en una grave inestabilidad. Como Morales parece estar dispuesto a llevar adelante su proyecto por encima de toda oposición, aplicaría entonces una dictadura --al estilo chavista y castrista, que tanto admira-- con el pretexto habitual de ``mantener el orden''.

* Gerardo Martinez Solanas es economista y politólogo.

Fuente: Firmas Press

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