Durante la década del 90 en la Argentina se puso de moda explicar el crecimiento de la violencia o el delito como la consecuencia de una “falta de distribución social de la riqueza”, y como siempre hay más voluntarios para repartir los bienes de otro que para producir, esta tendencia fue ganando adeptos con gran velocidad.

Lo que nunca explicaron los distribucionistas fue por qué la pobreza que se ve en el interior de la Argentina, que es mucho mayor que la de los suburbios, no produce ni asaltantes ni piquetes.

Para la izquierda el crimen callejero se convirtió en un sustituto post caída del muro de Berlín del levantamiento proletario y para el populismo clásico en una forma de justificar la dádiva que es la única manera de manejar los asuntos políticos que conocen.

Para algunos inclusive el “reparto” cumpliría el papel de una suerte de “protección” mafiosa para resolver el peligro de lo que llaman un “estallido social”. El reparto sería, aunque no lo dicen, el precio a pagar para que no nos degüellen los insatisfechos. Pero esto se parece más a una rendición que a un solución. Implica entregar el botín de manera voluntaria.

Los dilemas éticos son muchos, pero parece ser que en nombre de la lucha contra la pobreza todo se santifica, excepto la producción libre y el trabajo en beneficio propio.

El movimiento piquetero en la Argentina y la situación de la seguridad en los suburbios de Buenos Aires que puede calificarse de caótica, arroja conclusiones opuestas a las de los repartidores/aplacadores. En ese sector del país, uno de los más densamente poblados y por tanto con mayor peso electoral, ha sido en los últimos diez años el mayor beneficiario de planes de reparto estatales y de demagogia de todo tipo y no solo es el lugar donde se concentra la mayor inseguridad y la cuna de la actividad violenta de los piqueteros, sino que es también el lugar donde la pobreza crece a ritmo más acelerado.

Podría parecer una paradoja, pero no lo es. En gran medida la pobreza es hija de los desaguisados económicos en general que cometen los gobiernos, pero también lo es, y sobre todo la marginalidad peligrosa y los grupos políticos que viven de ella, de ese sistema de fomento oficial de la mendacidad improductiva denominado “distribución de la riqueza”.

Cuando el Estado con su capacidad de compra, limitada nada más que por su poder de exprimir al mercado, se dedica a adquirir determinados bienes o servicios fomenta su producción. Si compra muchas máquinas de hacer café, la producción de máquinas de café para proveer esa demanda tiende a crecer. Si adquiere asfalto para reparar calles, aumenta la rentabilidad de la producción de ese producto. Por el mismo motivo cuando el Estado entrega en masa dinero o beneficios a cambio de nada o solo por protestar, fomenta pues la nada y la protesta. Cuando lo hace por muchos años el negocio tiende a institucionalizarse.

La caridad privada nunca cometería esos errores. Esta siempre va acompañada de buenos valores tendientes a la auto superación y a la defensa de un sentido de rectitud en la vida. Lo contrario a los valores que fomenta un Estado repartidor indiscriminado que tiende a beneficiar al más agresivo o al más eficaz como puntero.

Si el Estado reparte dinero, bajo cualquier título (planes “trabajar” planes “jefes de familia”, como eufemísticamente se los denomina en la Argentina) o bienes o servicios a los pobres a gran escala y por un largo tiempo lo que tiende a crecer en el mediano y largo plazo es la pobreza.

La Ciudad de Buenos Aires es la capital del país. Limita a su vez con la Provincia de Buenos Aires, que es uno de los estados que componen la organización federal. Ese cordón de población que rodea a la Ciudad, pertenece a la provincia y es en el que se verifican estos fenómenos. Durante la década del 90, la Provincia de Buenos Aires recibió del gobierno federal una cifra cercana a los seis mil quinientos millones de dólares que se denominó “Fondo del Conurbano Bonaerense”, como reconocimiento a un reclamo por una distribución injusta de los fondos fiscales federales. La totalidad de ese fondo fue utilizada para combatir la pobreza y como una forma de “distribución”. El gasto fue sideral, pero lo único que creció fue la pobreza.

El Estado lo único que hace al repartir es destruir a los “contribuyentes” que produjeron esa riqueza, y agrava la situación cuando transforma esos recursos en demanda de pobreza.

Esto es lo que ocurrió en la Argentina. El reparto a mansalva empezó cuando el problema de seguridad y el problema económico del conurbano bonaerense eran mucho menores. El resultado fue la multiplicación exponencial de la cuestión.

Los piqueteros están lejos de ser un movimiento marxista espontáneo. Nacieron y sobreviven al calor oficial. Empezaron su actividad concentrando el reparto de los llamados “planes trabajar” lanzados sobre el final de la presidencia de Menem, que consistían en la entrega de 150 pesos, equivalentes entonces a 150 dólares.

De manera natural crecieron desde adentro líderes más aptos para reclamar mayores recursos y también se incorporaron al sistema políticos marginales expertos en punterismo político. El reparto oficial de dinero se convirtió en un negocio grande para estos verdaderos empresarios de la dádiva y en una salida fácil para desocupados y gente con situaciones económicas dramáticas. Mucha de esa desesperación era consecuencia a su vez del exceso de gasto público y la presión tributaria que ahogaba a las empresas para proveer a ese mismo Estado repartidor, generándose así un círculo vicioso imparable. La disminución del flujo de recursos sobre ese sistema perverso, o el favoritismo con algunas organizaciones que pactan con los políticos, así como la exclusión de otras, todo lo cual se genera indefectiblemente al poco tiempo de hacer andar el andamiaje, es lo que genera las tensiones que y revueltas que aparecen en la televisión internacional y no la pobreza. Los pobres pacíficos y trabajadores no salen siquiera en los diarios locales.

El sistema es una hoguera imposible de dejar de alimentar. El gobierno es quién provee el combustible de esa hoguera. Los piqueteros se han convertido así en la principal empresa Estatal y por cierto, una muy conflictiva.

Los cabecillas de estas organizaciones paraestatales se dieron cuenta, siempre de acuerdo a los incentivos creados por el gobierno, de que una combinación infalible para tener éxito en el mundo del negocio piquetero era exacerbar la culpa en la sociedad y producir hechos ilegales presentándolos como el “último recurso” para que “alguien” los escuchara en sus reclamos.

Años de alimentar el complejo de los políticos dieron sus frutos porque los funcionarios terminaron renunciando a utilizar la fuerza para defender a la sociedad, de manera que la Argentina se convirtió en zona liberada para el piquete, la privación de la libertad ambulatoria y hasta el peaje privado de los piqueteros. Prevalece el tipo de “pacifismo” que promueven los violentos: uno que se basa en la indefensión. La única vía de control que quedó fue negociar con los empresarios piqueteros; negociación que se circunscribió a reparto de dinero, alimentándose de ese modo el incentivo para el próximo piquete.vEl marxismo que enarbolan los piqueteros argentinos comenzó siendo una cobertura ideológica al viejo y conocido clientelismo político (demasiado desprestigiado como para darle el mismo sustento teórico) ahora institucionalizado como brazo del propio Estado.

Las organizaciones de Piqueteros están formadas por verdaderos mantenidos por el Estado que cobran por y para hacer manifestaciones callejeras y cuyo éxito depende de la capacidad que tengan de asustar a la sociedad y a los funcionarios.

Entonces si los piqueteros son en realidad empleados públicos, la máxima irracionalidad de esta situación está dada en que los hechos de violencia que padece la Argentina son en realidad una puja que se produce dentro mismo del Estado entre una fuerza formada para defender la ley y otra fuerza financiada para violarla.

Por un lado el Estado es productor de pobreza y luego demandante masivo de ella. A continuación forma un ejército de protestones públicos, con un presupuesto cuya magnitud depende de la capacidad de agresión de esos protestones. Por último recurre a su fuerza tradicional policial, para tratar de limitar un poco las consecuencias de sus errores. Se suele decir que esto es una pelea de “pobres contra pobres” (como si fueran las únicas peleas que importaran por otra parte), pero más bien parece una pelea del Estado contra el Estado.

Para colmo de males el gobernador de la Provincia de Buenos Aires ha demostrado cual de esas dos fuerzas es en realidad la fuerza oficial. Sus favoritos no son las fuerzas legales del Estado sino las ilegales.

En otras épocas la violencia política buscaba financiamiento en el exterior, pero el colapso del mundo que quieren ahora construir para nosotros ya no lo hace posible. En algunos casos consiguieron financiarse asociándose al narcotráfico. En la Argentina, la violencia política es financiada por el Estado de forma directa. El Estado ha dejado de ser el único que ejerce violencia, para pasar a ser el que la paga.

La historia argentina es suficiente como lección para siempre de lo que los gobiernos no deben hacer. Si el ser humano se ha dado cuenta de cosas más complicadas, es posible que advierta de una vez gracias a nosotros que la pobreza no se soluciona sino que se agrava con “reparto social”, que la clave es la creación de un ambiente favorable a la producción con la combinación de propiedad privada y seguridad y que la respuesta a los delincuentes es el Derecho y no el dinero.

*Jose Benegas es periodista y abogado argentino

e-mail: josebenegas@hotmail.com.